La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha respaldado la propuesta del Ministerio de Economía que incrementa en un 25 % los umbrales económicos que obligan a someterse a auditoría de cuentas. Esta reforma permitirá que aproximadamente 4.000 pequeñas y medianas empresas (pymes) queden exentas de esta obligación a partir de 2025.

La medida responde a la necesidad de adaptar la normativa española a los criterios europeos, al tiempo que facilita a las pymes la posibilidad de aplicar modelos de contabilidad abreviada con menores cargas administrativas y costes.

Beneficios para las empresas

Con esta reforma, muchas compañías de menor tamaño se verán liberadas de los gastos asociados a la auditoría externa obligatoria, lo que reduce las cargas económicas y burocráticas. Se espera que esta flexibilización suponga un alivio financiero y operativo para el tejido empresarial, especialmente para aquellas pymes con márgenes reducidos.

Riesgos señalados por el sector

No obstante, el propio sector de la auditoría advierte de posibles efectos negativos a medio y largo plazo. Entre los principales riesgos señalados se encuentran:

• Menor preparación ante fusiones o adquisiciones: En operaciones corporativas, la ausencia de auditoría dificulta la valoración objetiva de la empresa.

• Menor transparencia interna: Sin auditoría externa obligatoria, la información contable puede volverse menos clara, dificultando la toma de decisiones estratégicas.

• Errores contables no detectados: Las cuentas podrían contener fallos o inconsistencias que pasen desapercibidos, aumentando el riesgo de sanciones fiscales o legales.

• Acceso más limitado a financiación: Bancos e inversores suelen valorar la información auditada; la ausencia de auditoría puede complicar la obtención de crédito o inversión.

• Riesgo de insolvencia oculto: Problemas financieros pueden no detectarse a tiempo, poniendo en peligro la continuidad del negocio.

• Incremento del riesgo de sanciones fiscales: La falta de revisión externa aumenta la probabilidad de errores en declaraciones fiscales y posibles multas.

• Mayor exposición a inspecciones tributarias: Hacienda podría priorizar empresas sin auditoría externa, aumentando la presión fiscal.

• Conflictos con socios o inversores: La falta de información auditada puede generar desconfianza entre socios, accionistas o inversores.

• Dificultad para planificar a largo plazo: Sin información verificada, los planes de expansión, inversión o reducción de costes pueden basarse en datos incompletos o erróneos.

• Debilitamiento de la reputación: Clientes, proveedores o socios comerciales podrían percibir menor profesionalidad o fiabilidad financiera.

• Dependencia excesiva de la contabilidad interna: La empresa dependerá únicamente de su propio equipo contable, aumentando la presión sobre estos empleados y la posibilidad de sesgos.

Conclusión

La reforma contable para pymes representa un avance en la reducción de cargas administrativas y la adaptación a las directivas comunitarias. Sin embargo, plantea un delicado equilibrio entre flexibilidad y control financiero, lo que obliga a valorar con cautela su impacto en la transparencia empresarial y en la fiscalidad.